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Alambrada para los condenados a penas de prisión

Cualquier análisis sobre esta materia tiene que partir de lo dispuesto en el artículo 66 del Código Penal. En este precepto se establecen las pautas de general aplicación teniendo en cuenta la concurrencia o no de atenuantes o agravantes. El artículo 70, por su lado, se ocupa de explicar cómo se calcula la pena inferior y superior en grado.

La regla 6ª de este artículo dice que cuando no existan circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal (atenuantes o agravantes), la pena se podrá imponer en la “extensión que estimen adecuada” los jueces o tribunales “en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho”.

Por ejemplo, el artículo 240.1 del Código Penal castiga al culpable de robo con fuerza con la pena de prisión de 1 a 3 años. Si no hay circunstancias atenuantes o agravantes, el juez puede imponer cualquier pena comprendida entre 1 y 3 años. La elección entre 1, 2 ó 3 años dependerá de los factores reseñados: circunstancias personales y gravedad del hecho. Lo que no puede hacer el juez es establecer una pena, por ejemplo, de 2 años y 6 meses sin motivar cuáles son estas circunstancias que atañen a la persona o a los hechos cometidos. La determinación o individualización de la pena tiene que estar siempre motivada: la carencia de motivación está proscrita por la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

Teniendo en cuenta la presencia de atenuantes o agravantes la pena puede establecerse:

1.- En su mitad inferior
2.- En su mitad superior
3.- Inferior en uno o dos grados
4.- Superior en grado en su mitad inferior

En el ejemplo anterior de robo con fuerza, si la pena oscila entre 1 a 3 años, la mitad inferior se hallaría calculando primero cuál es la mitad de la pena. En este caso, la mitad equivale a la diferencia entre la pena mayor y la menor, es decir, 3 menos 1 igual a 2.

Así, la pena en su mitad inferior sería de 1 a 2 años.
La pena en su mitad superior sería +2 a 3 = 2 años y 1 día a 3 años.

El cálculo de la pena inferior en grado se obtiene tomando como referencia la pena mínima: 1 año, y restándole su mitad. La mitad de 1 año son 6 meses. De esta forma, la inferior en grado oscila entre 6 meses y 1 año (menos 1 día porque 1 año no es la inferior en grado sino la pena en su mitad inferior).

Si la rebaja fuera de 2 grados tendríamos que partir de la pena de 6 meses y reducirla a la mitad: es decir 3 meses. La pena inferior en 2 grados sería de 3 meses a 6 meses (menos 1 día).

La pena superior en grado se hallaría partiendo de la cifra superior de la pena: en este caso 3 años. Y se le sumaría la mitad de 3, es decir 1 año y 6 meses. Así, la pena superior en grado oscilaría entre 3 años (y 1 día, porque 3 años es la mitad superior) a 4 años y 6 meses.

Si quisiéramos calcular cuál es la mitad inferior de la superior en grado, tendríamos que dividir la mitad de 3 (1 año y 6 meses) entre 2, lo que nos daría 6 meses + 3 meses = 9 meses. La pena superior en grado en su mitad inferior sería, pues, la comprendida entre 3 años y 1 día a 3 años y 9 meses.

Como dice el propio artículo 66.2 del Código Penal, en los delitos leves y en los delitos imprudentes “los jueces y tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin ajustarse a las reglas prescritas en el apartado anterior”. Quiere esto decir, que no tendrán que regirse por las reglas generales del art. 66.1, que indica cuál debe ser la pena a imponer en función de la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes. Esto no quiere decir que el juez esté exento de motivar el alcance de la pena. Si no lo hace, vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del artículo 24.1 de la Constitución por falta de motivación en la individualización de la pena.

Existen, además, otras circunstancias distintas a las de la presencia de atenuantes y agravantes que exigen variar la pena. Así ocurre, al menos, en cinco casos básicos: cuando el delito se cometa en grado de tentativa, cuando exista continuidad delictiva, estemos ante un concurso de delitos o cuando la participación del condenado sea distinta a la del autor o inductor del delito, en cuyo caso deberá estarse a la determinación que en cada delito se haga del alcance de la pena: por ejemplo, el artículo 269 del Código Penal establece que “la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de robo, extorsión, estafa o apropiación indebida, serán castigados con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.

En el caso de la tentativa (no se llega a consumar el delito por causas independientes a la voluntad del autor, art. 16.1 CP), se impondrá la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en función del peligro inherente al intento y del grado de ejecución alcanzado (artículo 62 CP).

En los supuestos de continuidad delictiva (artículo 74.1 CP: pluralidad de acciones que infringen el mismo precepto penal o de la misma naturaleza) la pena a imponer sería la mitad superior de la infracción más grave cometida.

En los casos de concurso ideal de delitos (art. 77.1 CP: cuando con un solo hecho constituya más de un delito), la regla aplicable sería la misma que para que para continuidad delictiva, salvo que la suma de las penas que correspondiera aplicar por separado por cada una de las infracciones fuese inferior, en cuyo caso éste sería el límite máximo. Por ejemplo, si la mitad superior resultare ser de 2 años y 1 día a 3 años y la suma de las infracciones (individualmente consideradas) fueran de 1 año y de 6 meses, el límite máximo de imposición de la pena no podría ser superior a 1 año y 6 meses.

Existen otros supuestos, como, por ejemplo, el error de hecho o de derecho (art. 14 CP) en los que se establecen reglas propias, al igual que en el llamado concurso medial de delitos (en el que se han incluido variaciones antes inexistentes respecto al concurso ideal de delitos) que no los considero propios de estas nociones básicas y que no voy a tratar.

Sí quiero añadir que la fórmula de cálculo que se establece para las penas privativas de libertad es, con carácter general, la misma que para las penas de multa o para las penas privativas de algunos derechos, como la prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores, propias de los delitos contra la seguridad del tráfico o de los delitos de homicidio o lesiones imprudentes cometidos conduciendo un vehículo.